Tegucigalpa, Honduras.
Ante la moción del diputado nacionalista Óscar Álvarez de adicionar un nuevo artículo a las reformas penales que establece una pena de 4 a 8 años para quienes públicamente o a través de medios de comunicación o difusión hiciere apología del delito de terrorismo.
También recibirán la misma pena quienes hayan participado en "ejecución" de actos, o incitara a otros a cometer o financiar actos de terrorismo.
El periodismo nacional ha reaccionado ante esta iniciativa que vulnera la libre expresión de informar sobre determinados acontecimientos.
"Esto nos provoca mucha preocupación, el hecho de que genera dudas en cuanto a la constitucionalidad.
Es un artículo que se introdujo y se aprobó por el Congreso Nacional, la forma de como se hizo, sin haberlo llevado a la Corte Suprema de Justicia, no se pidió al Poder Judicial, no se socializó con el gremios, especialmente con el Colegio de Periodistas y los dueños de medios de comuniciación", dijo Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas.
Refuerzan combate a la extorsión y terrorismo Rodríguez dijo que esperaran el buen juicio de los diputados para que analicen esto y no vayan a tomar una decisión equivocada, pues el pueblo hondureño tiene derecho a ser informado con objetividad.
"Sabemos que hay medios que abusan de la libertad de expresión, eso lo reconocemos, el problema es que tocan otros medios y un juez o fiscal puede decir que es apalogía del terrorismo, van a terminar afectando a otros medios, además el derecho a la expresión es una conquista.
El diputado cometió una ligereza, pero no queremos que se vaya a perjudicar a los demás.
Queremos que prime el buen juicio ante este artículo", comentó.
Causa revueloPracticamente esta adición al artículo 335 en alguna medida vulnera el derecho de información y de expresión a la que tenemos derecho todos los hondureños, sobre todo a los periodistas.
El periodista Juan Carlos Barahona dijo que lo que está pasando no deja de sorprender a los medios de comunicación.
"Hay que tener mucho cuidado en esto, estamos frente a una insinuación de violación a la libertad de expresión".
"No se trata de que seamos responsables o no.
Se trata de que el artículo tiene causales abiertas o imprecisas que se van a someter a la discresionalidad de un juez, no quiero pensar en el caso de que un juez no le caiga bien un periodista o un medio de comunicación.
El estado, la legislación no debe pensar ni en tocar la libertad de expresión", dijo.
El expresidente Manuel Zelaya llegó a la Corte Suprema de Justicia a interponer un recurso de amparo contra el artículo 335 y declaró que los periodistas serán los más afectado con esta ley.