Tegucigalpa, Honduras.
La revisión de la justicia penal juvenil volvió a ponerse en agenda luego que el Gobierno anunciara que analizará la reducción de la edad punible.
Ayer, los primeros en participar en el debate fueron la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), Gabinete de Prevención, Instituto Nacional de la Juventud, Registro Nacional de las Personas (RNP), Secretarías de Educación, Salud, Relaciones Exteriores, Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social, entre otros actores.
La finalidad es escuchar las opiniones de los sectores gubernamental y no gubernamental, intercambiar ideas, y con los insumos dados redactar un documento para entregarlo al Congreso Nacional.
En esta primera etapa discutieron la posibilidad de reducir la edad punible y cuáles son los riesgos a los que el país se expondría en caso de denunciar los tratados internacionales.
También se planteó una reforma estructural a la justicia penal juvenil, que consiste en revisar los centros de internamiento de menores en el país.
Asimismo, buscarle una solución al sistema de vigilancia con que cuentan estos centros.
La propuesta del Gobierno incluye aislar a los menores entre 12 y 16 años en diferentes centros de internamiento.
Mientras que a los mayores, es decir, los menores entre los 16 y los 18 años, en centros, pero más rigurosos.
Sin dar mayores detalles, el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, dijo que los sectores que llegaron ayer formularon soluciones y aportaciones sobre el tema.
“Hemos visto y escuchado aportes que tienen que ver con mecanismos sugeridos por los participantes, de los mecanismos disciplinarios y los mecanismos de control para la seguridad de los menores infractores”, dijo.
Durante el encuentro hubo varias coincidencias con los sectores que participaron.
El comité abordó no solo lo de la evasión de los menores, sino que también el tratamiento que el Estado está obligado a darles a través de los distintos operadores de justicia, sujetos de una medida cautelar de internamiento.
“Ya no necesitamos hacer diagnóstico, necesitamos pasar al campo de las recomendaciones concretas, sugerencias y conclusiones a efecto de mejorar sustancialmente el tema”, indicó Argueta.
Tras el debate, la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal creará un documento final con los punto de vistas, sugerencias y recomendaciones planteadas, el cual será difundido el próximo 2 de junio.