CARACAS.
“Por una Navidad feliz”, el Gobierno venezolano decomisó durante el fin de semana 5 millones de juguetes a una de las principales distribuidoras del país -a la que acusa de acaparamiento- para venderlos en sectores populares.
La insólita medida ha despertado las críticas de cientos de venezolanos, quienes afirman que la agencia de protección al consumidor, que se lanzó contra el almacén Kreisel, se ha convertido en el “Grinch” porque muchas familias ya no podrán comprar los juguetes confiscados.
Sin embargo, el Superintendente de Precios de Justos, William Contreras, arremetió contra la compañía afirmando que “no le interesa el derecho de nuestros niños a tener una feliz Navidad”.
“Vamos a garantizarles su regalo navideño a los menores”, añadió Contreras.
Los juguetes serán vendidos a “precios justos” por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), organizaciones comunales creadas en abril para distribuir comida y productos básicos subsidiados, indicó el funcionario.
El Gobierno denuncia que empresarios y comerciantes acaparan mercancía durante largos períodos para especular con los precios.
En tanto, el presidente Nicolás Maduro, firmó un decreto ordenando que salga de circulación el billete de 100 bolívares, el de mayor valor, y que representa, según cifras del Banco Central de Venezuela, el 48% del dinero en efectivo que circula en la economía local, porque según el Gobierno han sido sacados del país “por mafias especuladoras”.